La Administración central volverá a ocupar en 2025 el primer puesto del mercado publicitario español. Según los datos analizados por THE OBJECTIVE a partir del Portal de Contratación del Estado, el Gobierno y sus ministerios han adjudicado 60 millones de euros en publicidad institucional entre enero y octubre, una cifra que anticipa un cierre de ejercicio muy similar al de 2024, cuando se alcanzaron 70 millones. A esta cantidad se sumará la inversión de las empresas públicas, todavía no comunicada oficialmente, pero que suele situarse en torno a los 80 millones. El resultado: más de 140 millones de inversión acumulada, muy por encima del gasto de cualquier anunciante privado.
Este volumen sitúa al Estado claramente por delante de los líderes del mercado recogidos por InfoAdex: Procter & Gamble (77,7 millones), L’Oréal (76,6 millones) y Telefónica (63,1 millones), consolidando un patrón que ya se ha repetido en los últimos años. A falta de noviembre y diciembre, la Administración se mantiene así como el actor con mayor peso publicitario del país, pese a no haber ejecutado ni la mitad de los 161 millones presupuestados para 2025, la mayor partida en 18 años.
La ejecución del plan presenta dos lecturas relevantes. Por un lado, el Gobierno queda lejos de sus previsiones —solo se han adjudicado 45 de las 146 campañas previstas—. Por otro, incluso con un grado de ejecución modesto, la Administración central seguirá ocupando el podio de inversión en España, reforzada por el gasto de Renfe, Adif, Correos y otras compañías de titularidad estatal, cuya actividad se contabiliza como publicidad comercial.
Un año marcado por el nuevo sistema de reparto
La ralentización del gasto responde al nuevo modelo de contratación de publicidad institucional que prepara el Ministerio de la Presidencia, y cuyo desarrollo ha condicionado la operativa de 2025. El Ejecutivo ha ido probando en campañas reales varios de los criterios que incorporará el nuevo acuerdo marco, entre ellos:
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Limitación de la inversión directa en redes sociales.
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Obligación de insertar campañas solo en entornos “premium” y seguros.
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Menor intervención de las agencias en la planificación.
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Precios públicos y de referencia para garantizar transparencia.
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Capacidad final de decisión en Moncloa sobre la adjudicación.
El acuerdo marco avanza ya hacia Bruselas, y el Gobierno prevé que entre en vigor antes del verano de 2026, sustituyendo al documento vigente renovado la semana pasada. Este escenario ha ralentizado adjudicaciones y reducido el ritmo de ejecución presupuestaria a lo largo del año.
Las campañas más cuantiosas
Entre las acciones institucionales ya adjudicadas destacan:
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Sensibilización fiscal de la Agencia Tributaria: 7,4 millones.
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Seguridad vial de la DGT: 5,8 millones.
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Concienciación contra la violencia contra las mujeres: 3,8 millones.
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Promoción del bono cultural joven: 3,7 millones.
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Concienciación de los derechos culturales: 2,7 millones.
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Transición energética: 2,6 millones.
A ellas se suman otras campañas relevantes, como la de reconstrucción de la DANA (2,3 millones), calidad de vida de la ciudadanía (2,2 millones) o la información sobre el ingreso mínimo vital (1,9 millones).
Un peso estructural en el mercado publicitario español
Aunque la inversión de 2025 será inferior a la de los años de mayor intensidad —199 millones en 2023 y 219 millones en 2022—, los datos sitúan nuevamente al Estado como el principal pilar económico del ecosistema mediático español, muy por encima de cualquier inversor privado.
Las cifras consolidan además una tendencia estructural: desde 2020, la Administración central y sus empresas han mantenido niveles de inversión superiores a los 140 millones anuales, alcanzando picos récord en la última legislatura. Este peso refuerza su influencia en el mercado, especialmente en un contexto de redefinición del marco regulatorio que determinará cómo, dónde y en qué condiciones se podrá insertar la publicidad institucional durante la próxima década.