Hoy en día los medios y soportes audiovisuales tienen más presencia que nunca, debido a la multitud de soportes y a la multiplicación de pantallas Este proceso, enmarcado en un contexto de digitalización, fragmentación del consumo y proliferación de la desinformación, ha desatado un intenso debate sobre el grado de intervención estatal, la independencia editorial, el pluralismo y la transparencia en un ecosistema mediático cada vez más competitivo. La cuestión central radica en encontrar un equilibrio entre la supervisión institucional y la libertad de los medios, en un entorno donde la televisión, como actor clave del espacio público, se enfrenta al desafío de cumplir con sus obligaciones de servicio mientras se adapta a una realidad en constante evolución. A continuación, repasamos las claves de este nuevo marco regulador y cómo afectará a todos los actores del ecosistema mediático.
A nivel europeo, el Reglamento sobre la Libertad de los Medios de Comunicación (2024/1083), en vigor desde mayo de 2024 y plenamente aplicable desde agosto de 2025, establece un conjunto de normas comunes para todos los prestadores de servicios de medios, abarcando televisión, radio, prensa, podcasts y plataformas digitales que actúan como intermediarios. Este reglamento introduce principios vinculantes que obligan a los Estados miembro a garantizar la independencia de los medios frente a presiones políticas o económicas, exigiendo a los operadores transparencia en su titularidad, fuentes de financiación y vínculos con autoridades. Los medios deben publicar en bases de datos nacionales la identidad de sus propietarios, detallando si son de titularidad pública o privada, así como los fondos recibidos por publicidad institucional o subvenciones, incluyendo aquellas provenientes de terceros países.
El reglamento también protege a los periodistas mediante salvaguardas específicas, como la prohibición del uso de programas espía, salvo en casos de delitos graves con autorización judicial previa, y garantiza la confidencialidad de las fuentes informativas. Además, regula las plataformas digitales, imponiendo obligaciones de transparencia en los algoritmos de recomendación y la gestión de contenidos, y promueve la rendición de cuentas en la asignación de publicidad estatal, que debe basarse en criterios públicos, proporcionados y no discriminatorios. Para supervisar su aplicación, se ha creado el Consejo Europeo de Servicios de Medios de Comunicación, operativo desde febrero de 2025, compuesto por autoridades nacionales y asistido por la Comisión Europea, con el objetivo de garantizar una implementación coherente en toda la UE.
La fragmentación de los medios hace necesaria regulación adicional para adaptarse a los nuevos tiempos
Este marco se complementa con otras normativas europeas clave. El Reglamento de Servicios Digitales (2022/2065), en vigor desde octubre de 2022, regula las plataformas en línea, exigiendo canales para denunciar contenidos ilícitos, transparencia en los algoritmos de recomendación y la prohibición de publicidad basada en datos sensibles o el perfilado de menores. La supervisión recae en autoridades como la Agencia Española de Protección de Datos. Por su parte, la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual (2010/13/UE, revisada en 2018) establece normas para los servicios audiovisuales, promoviendo el pluralismo, la accesibilidad y la protección de menores, y refuerza la independencia de las autoridades reguladoras nacionales.
La lucha contra la desinformación es otro pilar fundamental de la estrategia europea. El Código de Buenas Prácticas contra la Desinformación (2018, revisado en 2022) fomenta la colaboración voluntaria de las plataformas digitales para combatir la desinformación mediante medidas como la transparencia en publicidad política y la moderación de contenidos. El Plan de Acción para la Democracia Europea (2020) impulsa la alfabetización mediática y financia proyectos para proteger a los periodistas, como el Media Pluralism Monitor, dotado con 1,1 millones de euros, y mecanismos de respuesta rápida con 3,1 millones de euros. Además, la Directiva contra Demandas Estratégicas contra la Participación Pública (SLAPP), aprobada en 2024, protege a periodistas y medios frente a demandas abusivas destinadas a silenciarlos.
En España, el Gobierno ha adaptado su legislación a estas normativas mediante un anteproyecto de ley que modifica tres normas fundamentales: la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, la Ley General de Comunicación Audiovisual (Ley 13/2022) y la Ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Uno de los puntos centrales es la creación de un registro estatal de medios de comunicación, en el que deberán inscribirse todos los operadores de ámbito estatal, tanto públicos como privados, detallando su estructura de propiedad, fuentes de financiación y, en particular, los ingresos derivados de publicidad institucional. Este registro, de carácter público y coordinado con los organismos autonómicos, busca aumentar la trazabilidad y la transparencia del sistema mediático, permitiendo a los ciudadanos conocer los intereses detrás de los medios.
La CNMC ha reforzado su papel como autoridad supervisora en materia de servicios digitales
El anteproyecto también refuerza el papel de la CNMC como autoridad supervisora en materia de servicios digitales. Designada como coordinador nacional, la CNMC tendrá competencias de inspección, control y sanción sobre plataformas y proveedores de servicios digitales, con la capacidad de imponer multas de hasta el 6% del volumen de negocio global por infracciones graves. Además, evaluará el impacto de las operaciones de concentración en el sector audiovisual, basándose en umbrales de audiencia y volumen de negocio establecidos reglamentariamente, para garantizar el pluralismo mediático. Estas medidas se alinean con el Reglamento europeo, que otorga a las autoridades nacionales un rol central en la supervisión del ecosistema informativo. El marco legal tiene implicaciones directas en la televisión pública, especialmente en RTVE, que se rige por el Mandato Marco aprobado en 2007, prorrogado ante la ausencia de uno nuevo, y carece de los contratos-programa previstos por la Ley 17/2006. Según el informe de la CNMC correspondiente al ejercicio 2021, RTVE cumple globalmente con sus obligaciones de servicio público, que incluyen garantizar el derecho a la información veraz, plural y accesible, conforme al artículo 20 de la Constitución Española. Sin embargo, la falta de instrumentos actualizados dificulta evaluar con precisión la asignación de recursos, la planificación estratégica o el impacto real de sus contenidos. La CNMC subraya que, desde 2007, los sucesivos gobiernos no han suscrito nuevos contratos-programa, lo que impide establecer indicadores objetivos, metas vericables y sistemas de evaluación eficaces.
El Mandato Marco, redactado hace más de quince años, no contempla la realidad tecnológica ni las necesidades informativas actuales, limitando la supervisión sobre la coherencia de la programación, el uso de recursos públicos y la adecuación del servicio público a la ciudadanía. Entre los desafíos señalados por la CNMC están la falta de una planificación explícita para promover valores constitucionales, las carencias en accesibilidad para personas con discapacidad, los desequilibrios en la producción interna de contenidos y la ausencia de campañas efectivas sobre derechos de los usuarios, como el acceso a la Defensora de la Audiencia. Además, se registra un descenso sostenido en la audiencia de La 1 y Radio Nacional de España (RNE), en contraste con el fortalecimiento de cadenas privadas como Antena 3, que ha consolidado su liderazgo en los últimos años.
El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, en el lanzamiento del hub
Las televisiones privadas, agrupadas en organizaciones como la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA), han reclamado reiteradamente condiciones normativas equitativas frente a las plataformas digitales, a las que acusan de operar con ventajas competitivas por su menor regulación. El nuevo marco legislativo responde parcialmente a estas demandas, al someter a plataformas como Meta, Google o Netflix a obligaciones de transparencia, gestión de contenidos y responsabilidad editorial, alineándolas con las exigencias impuestas a los medios tradicionales. Sin embargo, las cadenas privadas también se enfrentan nuevas obligaciones, como la inscripción en el registro estatal y el seguimiento detallado de sus fuentes de financiación públicas, lo que genera preocupación sobre el aumento de la carga administrativa y el posible impacto en su autonomía. El anteproyecto español incluye medidas adicionales para combatir la desinformación, como la obligación de los usuarios de redes sociales de rectificar contenidos falsos o engañosos, según lo anunciado en diciembre de 2024. Esta disposición, parte del Plan de Regeneración Democrática del Gobierno, busca reforzar la responsabilidad de los actores digitales, aunque ha generado críticas por su posible impacto en la libertad de expresión. Asimismo, el Gobierno ha tomado como referencia el Reglamento europeo para desarrollar una ley anti-bulos, cuya tramitación está prevista para 2025, con el objetivo de establecer mecanismos efectivos contra la difusión de información falsa en plataformas digitales.
La entrada en vigor del Reglamento europeo y la tramitación del anteproyecto español marcarán un punto de inflexión en la estructura y supervisión del sistema audiovisual. La configuración de un modelo regulador más centralizado, con mayores capacidades de control institucional, podría fortalecer la protección del pluralismo y la transparencia, al tiempo que plantea interrogantes sobre el margen de autonomía editorial de los medios y el papel del Estado en el ecosistema informativo. La televisión pública, como RTVE, enfrenta el reto de modernizar su mandato para adaptarse a las demandas de una sociedad digitalizada, mientras las televisiones privadas deben navegar un entorno normativo más exigente en competencia con gigantes digitales.
En un contexto dominado por la fragmentación del consumo, la circulación de contenidos en redes sociales y los desafíos de la desinformación, la redefinición del marco jurídico se presenta como una respuesta política e institucional a problemas estructurales. La televisión, como pilar del espacio público, se encuentra en una encrucijada, sometida a una doble presión: cumplir con las obligaciones de servicio público, que en el caso de RTVE incluyen garantizar el derecho a la información veraz y plural, y adaptarse a un entorno en transformación permanente. El debate de fondo sigue siendo el mismo: cómo conciliar regulación y libertad, supervisión y pluralismo, Estado y medios, en un sistema mediático que no solo informa, sino que define la calidad de la democracia. ¿Podrá la ley ir al ritmo del scroll?
¿QUÉ ES EL REGLAMENTO SOBRE LA LIBERTAD DE LOS MEDIOS?
Una norma europea clave en vigor desde 2024 que garantiza independencia, transparencia y responsabilidad editorial en medios tradicionales y digitales. Obliga a publicar quién está detrás de cada medio y cómo se financia.
LA CNMC: DEL ESPECTRO A LA RED
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia será la autoridad encargada de vigilar a medios y plataformas. Podrá sancionar con hasta el 6% del volumen global de negocio por infracciones graves.
¿QUÉ CAMBIA PARA RTVE?
La televisión pública sigue rigiéndose por un Mandato Marco de 2007, sin contratos-programa actualizados. El nuevo marco legal exige modernizar su misión y evaluar mejor cómo cumple con el servicio público.
PLATAFORMAS BAJO LUPA
Netflix, Google o Meta deberán cumplir con las mismas reglas que las televisiones: transparencia en algoritmos, control de contenidos y límites a la publicidad política y basada en datos sensibles.
El artículo ha sido publicado en el número de Tivù España de mayo de 2025, que puedes descargar gratis o suscribirte para recibirlo.
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