Desde la BBC en el Reino Unido hasta la Rai en Italia, pasando por España, Polonia y Francia, entre otros países, Europa se pregunta cuál es el papel del servicio público. De hecho, la revisión de las normas que rigen la radio y la televisión públicas no solo es una cuestión sectorial, sino también una de las condiciones estructurales para el funcionamiento de cualquier mercado audiovisual.
El Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA, por sus siglas en inglés) ha establecido un marco común en materia de independencia editorial, transparencia y protección frente a las injerencias. Además, varios países han adoptado medidas en materia de gobernanza y modelos de financiación. Y no es una mera coincidencia. Es la respuesta a la transformación que ha cambiado la naturaleza del sistema de los medios de comunicación: la centralidad de las plataformas, la desintermediación en el acceso a los contenidos y la difusión incontrolada de información no verificada.
En este contexto, el servicio público recupera su papel de infraestructura crítica, no solo como creador de contenidos, sino también como referente de fiabilidad. La fiabilidad y la credibilidad no son algo que se consiga de forma espontánea, sino que son consecuencia directa de la regulación, los recursos y la independencia. Y es en este punto en el que la cuestión deja de ser ética para ser económica. Un servicio público frágil, infrafinanciado y politizado perjudica el pluralismo informativo y, además, distorsiona todo el mercado. Si el principal referente de calidad pierde credibilidad y competitividad, el resto baja el listón. Por el contrario, un servicio público sólido e independiente tiene efectos sistémicos positivos, ya que establece estándares editoriales, impulsa la industria productora y crea un entorno competitivo más saludable. En otras palabras, no es un competidor de los operadores privados, sino una condición necesaria para su existencia. Se trata de una ecuación que actúa como un termómetro que pone de manifiesto el retraso de algunos países. Todos sabemos que la EMFA no puede sustituir a las reformas nacionales, pero sí puede establecer el principio innegociable de que la independencia del servicio público debe dejar de ser una variable política para convertirse en una condición del sistema. Gobernanza aparte, el problema de la financiación es harina de otro costal. Sin los recursos adecuados, cualquier debate sobre la autonomía puede quedarse en una mera formalidad. La incertidumbre creciente en torno a los modelos de financiación y la competencia con las plataformas globales plantean la pregunta inevitable de qué nivel de inversión está dispuesto a garantizar un país para su servicio público. Una vez más, la respuesta va más allá de la televisión.
Hablamos de la calidad de la información, de la solidez del mercado y, en última instancia, de la calidad democrática. La revisión de las normas que Europa está llevando a cabo es, sin duda, un paso crucial para el futuro de la radiodifusión y el equilibrio del ecosistema audiovisual. El reto al que se enfrenta Europa no es defender el servicio público en sí mismo, sino dotarlo de las condiciones necesarias para que pueda desempeñar plenamente su función. Si fracasa, el resultado será un servicio público más débil y un sistema de medios de comunicación que lo rodea y que es cada vez menos creíble, menos competitivo y más vulnerable en su conjunto.
© REPRODUCCIÓN CONFIDENCIAL
