SPAIN - FEBRUARY 27: José María Álvarez-PalleteVeintiséis años después de la privatización completa de Telefónica, el Estado español vuelve a formar parte del accionario de la empresa de información y comunicación. Esto se da tres meses después de que el operador estatal saudita Saudi Telecom Company (STC) adquiriera el 9,9% de las acciones de Telefónica.
La vicepresidenta y ministra de Economía cesante, Nadia Calviño, recientemente nombrada presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), declaró: «Aplicaremos todos los mecanismos necesarios para defender los intereses estratégicos de España» en respuesta a una operación inesperada que no había involucrado ni al gobierno ni a la Casa Real. Dicha operación había generado preocupaciones dentro de la mayoría del gobierno progresista. En respuesta a esta situación, el Estado español adquirió el 10% de las acciones (aproximadamente dos mil millones de euros) a través de SEPI, la sociedad que gestiona las participaciones estatales, devolviendo así al Estado a la posición de principal accionista.
La adquisición se percibió como inevitable por parte del gobierno encabezado por Pedro Sánchez, especialmente ante las presiones provenientes de la facción de izquierda de la coalición gubernamental, con el propósito de salvaguardar «los intereses nacionales», considerando especialmente la importancia estratégica de Telefónica. Según un comunicado del Ministerio de Hacienda, Telefónica está involucrada en todas las áreas tecnológicas del Ministerio de Defensa, proporcionando servicios e infraestructuras de telecomunicaciones necesarios para la defensa nacional, tanto dentro de nuestras fronteras como en operaciones militares en el extranjero. Estos son temas sensibles en los cuales Madrid no podía permitirse quedar subordinado a un consejo de administración controlado por Riad. Por ende, la operación representa un cambio con respecto a la tendencia consolidada de privatización de las grandes empresas españolas desde los años ochenta hasta los noventa. La ministra Calviño subrayó que la intervención del gobierno español sigue la misma dirección que otros países europeos prominentes, como Francia y Alemania, que están aumentando sus participaciones públicas en las principales compañías de telecomunicaciones.
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