Telefónica recibe una sanción de la CNMC por imponer permanencias a sus clientes de televisión de pago

La compañía ha recibido una multa de 20 millones de euros por el incumplimiento de los compromisos acordados tras la adquisición de DTS en 2015 al comercializar sus productos Movistar Fusión y MiMovistar con televisión de pago y arrendamiento de dispositivos, incluyendo condiciones de permanencia y penalizaciones por baja anticipada.
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha interpuesto una multa de 20 millones de euros a Telefónica por el incumplimiento de los compromisos acordados tras la adquisición de DTS en 2015.

En concreto, la sanción está motivada por la decisión de Telefónica de comercializar sus productos Movistar Fusión y MiMovistar con televisión de pago y arrendamiento de dispositivos, incluyendo condiciones de permanencia y penalizaciones por baja anticipada, desde al menos el 30 de agosto de 2021 hasta el 30 de abril de 2023. Al restringir la libertad de los clientes de cambiar de operador, la compañía contravenía su compromiso de no imponer permanencias ni obstáculos a la movilidad de sus clientes de televisión de pago.

Ya en 2023, Telefónica fue sancionada por la CNMC a pagar 6 millones de euros por su oferta Movistar Fusión con alquiler de un smarhphone, una práctica que, según la resolución actual, ha ampliado a otros dispositivos electrónicos, reforzando así las condiciones de permanencia.

Así, el  incumplimiento de lo establecido en los compromisos de una operación de concentración supone una infracción muy grave en virtud del artículo 62.4.c de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC). Asimismo, la CNMC aplica la circunstancia agravante del art. 64.2.a, por la comisión repetida de infracciones tipificadas en la LDC, puesto que Telefónica ha sido sancionada en diversas ocasiones por incumplir de los compromisos a los que se subordinó la operación de concentración C/0612/14.

Ahora Telefónica dispone de un plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su notificación para interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra esta resolución.

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