El Tribunal Supremo ha avalado la decisión del Gobierno de dotar a la presidencia interina de RTVE de poderes ejecutivos para el desempeño de su cargo, que en estos momentos ejerce Concepción Cascajosa, una decisión que acordó en octubre de 2022 tras ser elegida Elena Sánchez para encabezar la Corporación después de la dimisión de José Manuel Pérez Tornero.
En una sentencia la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo desestima el recurso de los sindicatos USO, UGT y SI contra el acuerdo del Gobierno de cambiar los estatutos sociales de RTVE para permitir que los presidentes interinos tengan poderes ejecutivos.
La modificación de los estatutos sociales de RTVE aprobada por el Consejo de Ministros redefinía las funciones de la nueva presidenta interina del Consejo de Administración y le daba poderes ejecutivos para desempeñar su cargo.
Un magistrado emitió un voto particular sugiriendo que se debieron considerar los recursos de los sindicatos.
Modificación de los Estatutos Sociales de RTVE:
El Gobierno modificó el artículo 34 de los Estatutos de RTVE para que, en caso de vacancia o ausencia, el presidente sea sustituido interinamente por un consejero nombrado por el Consejo de Administración. Los recurrentes argumentaron que esta reforma eludía la intervención del Congreso, responsable de nombrar al presidente para asegurar su independencia, y violaba la ley de RTVE.
La Sala determinó que la sustitución interina por el Consejo de Administración hasta que el Congreso nombre a un nuevo presidente no contraviene el régimen parlamentario. Además, señaló que la Ley RTVE permite que la SEPI, no el Congreso, designe un administrador único cuando cesa el Consejo de Administración.
Concepción Cascajosa, presidenta interina, estaba a la espera de esta resolución, como mencionó en su primera comparecencia en la comisión de control parlamentario de RTVE.
Cascajosa ya avanzó en su comparecencia que decidiría cómo cubrir las vacantes en el equipo de dirección en función de lo que dictaminase el Supremo porque, a su juicio, la sentencia podría «cambiar las reglas del juego o mantenerlas» y que entonces tomaría las decisiones que fueran necesarias.
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