Cada mercado tiene sus conflictos justos y sus conflictos necesarios. Los primeros son cuestión de supervivencia. Los segundos, su razón de ser. Soy de la opinión que la batalla recién emprendida por 27 asociaciones de producción audiovisual de todo el mundo para exigir a los gobiernos europeos (más Australia y Nueva Zelanda) un marco jurídico que regule las actividades de las plataformas de streaming, no solamente es justa, sino necesaria.
No nos olvidemos de que estos últimos meses, en los que la industria audiovisual ha estado ocupada con las refriegas de una guerra total en el streaming que sigue en pleno apogeo, han servido de distracción. Tanto, que en cierto modo hemos perdido el centro de atención. Ya no pensamos en quién hace los contenidos para el público español, ni dónde o por qué los hace, ni qué cultura se pretende afirmar. Como también nos hemos olvidado de valorar el impacto económico de su realización en los distintos territorios.
Parecen expectativas abstractas, pero no lo son. En absoluto. Porque, del mismo modo que no es casualidad que cada país tenga su propia lengua, tradición, historia y cultura, lo impensable es que esa diversidad, que de hecho es una ventaja, esté desprovista de todo elemento de diferenciación y se vea nivelada por la oferta de las plataformas en nombre de una producción industrial cuanto más global, mejor.
Nadie duda de que, en cualquier negocio internacional, las economías de escala son fundamentales, esenciales, pero eso no impide recriminar al mercado audiovisual su ignorancia por los matices y la capacidad de expresarse de cada nación. De ello dependen la credibilidad de la oferta y la sostenibilidad económica del sector a escala local. Las producciones de las plataformas son bienvenidas, como no podría ser de otro modo, pero tienen que saber profundizar y expresar las peculiaridades de cada país. En definitiva, hace falta que las divisiones de Netflix, Prime Video, Disney+ y las OTT en general sean cada vez más y mejor españolas.
No me refiero únicamente al lenguaje, o a las historias, sino y, sobre todo, a que es una cuestión de carácter. Por eso creo que tanto la UE como los gobiernos nacionales deberían —más que obligar— acompañar a las plataformas en este camino, recompensando de alguna manera a los operadores más “virtuosos”, a los que estén dispuestos a dar la cara de verdad. Me temo, sin embargo, que las plataformas en particular tendrán que autoimponerse una apertura cada vez mayor que las llevará a contagiarse más y más de los países en los que operan. Lo cual, si más no a juzgar por el cerrojo que se han impuesto en términos de transparencia en los datos, me parece el principal escollo a superar
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